Las relaciones Estado-región en Chile: Una reinterpretación histórica
2.3 Descentralización del Estado y regionalismo bajo el experimento neoliberal
2.3.1 Regionalización, modernización y transformación territorial del Estado bajo el modelo neoliberal
Con el abrupto término de la vía chilena hacia el socialismo de Salvador Allende, se inició un periodo de convulsiones y cambios socioinstitucionales que han sido interpretados comúnmente como una de las crisis sociopolíticas más traumáticas que ha experimentado Chile (Maira, 1998; Huneeus y Martín, 2000;
Sunkel, 2002).
Tras el golpe de Estado propinado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, se comenzaron a impulsar una serie de transformaciones político-institucionales que modificaron radicalmente la concepción de las políticas públicas y el ordenamiento territorial del aparato estatal. La interpretación sobre el carácter del proceso de descentralización del Estado impulsado durante este periodo ha tenido visiones e interpretaciones diversas. Los defensores del nuevo régimen creyeron, desde un comienzo, que la descentralización sería un complemento del neoliberalismo y la modernización del Estado. En este contexto, el discurso oficialista de la época mostraba el proceso de descentralización ante la opinión pública como una verdadera
“panacea” en el mejoramiento de las relaciones Estado-sociedad. Se especulaba que la democracia, las libertades y eficiencia del aparato estatal mejorarían sustancialmente con las “siete modernizaciones”, desprendiéndose de ellas la reforma agraria y la reforma descentralizadora que modificaron la tenencia de la tierra y composición del espacio respectivamente (Silva, 1987).
La propuesta descentralizadora del gobierno militar recogió algunos preceptos institucionales formulados previamente por CORFO y ODEPLAN, particularmente aquellos relativos a la concepción de región como espacio de organización con mayor poder de integración económica y social.
Adicionalmente, la descentralización, entendida como un amplio proceso de reorganización político-administrativa, se combinó con una definición geopolíticamente estratégica de las zonas extremas del país. Así, bajo un arreglo político de carácter autoritario, vertical y centralizado, la junta militar encabezada por Pinochet implementó una serie de reformas institucionales tendientes a institucionalizar el neoliberalismo y plasmar una particular perspectiva geopolítica en el desarrollo territorial del país y sus zonas extremas.
En este contexto, la condición de región extrema y bi-fronteriza de Tarapacá fue un elemento determinante en el tipo de relaciones que el Estado y el gobierno militar establecieron con los distintos actores económicos, sociales y políticos de la zona.
No es de extrañar, entonces, que las políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno militar para esta zona hayan incluido inevitablemente una
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perspectiva geopolítica, especialmente en momentos de tensiones y controversias por los límites internacionales que separan Chile, Perú y Bolivia.
Como se señaló, las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno militar contemplaron deconstruir la matriz sociopolítica pasada sin medir consecuencias y avasallando los derechos humanos, políticos y sociales (Calloni, 1999; Canessa, 1996). Además, se le otorga un papel predominante al mercado como agente de desarrollo en desmedro del accionar del Estado en ámbitos claves del desarrollo social. La descentralización del Estado, en este sentido, fue concebida como un pilar fundamental para sentar las bases de un nuevo modelo económico, político y social en el país. Bajo el prisma neoliberal, la función económico-productiva asignada al territorio ocupó un lugar primordial.
Por consiguiente, ODEPLAN se convirtió en uno de los principales centros neurálgicos de las políticas neoliberales mientras que la región de Tarapacá fue concebida como un espacio de experimentación económica privilegiado, dada su posición geográfica estratégica en el mapa latinoamericano (Gárate, 2010).
El giro matricial no solamente se relacionó con reformas económicas. Los procesos de descentralización y privatización de políticas sociales en este periodo también contribuyeron a tratar de romper con lo que era visto como una “pesada e ineficiente” tradición estatista y desenrollar, así, la ‘alfombra roja’ para celebrar el rimbombante ingreso del mercado a la arena pública. De esta forma y como lo señalan distintos expertos, la descentralización fue concebida como una estrategia complementaria a la privatización y repliegue del Estado (Boisier, 1992b; Muñoz, Mardones y Corvalán, 2003). Derechos básicos como la educación, el acceso al agua potable, saneamiento básico y salud pública fueron re-significados como “bienes de consumo” transables en el mercado. Quienes no podían acceder a la provisión privada de estos bienes y servicios fundamentales debían recurrir al Estado que era el encargado de
‘socorrer’ a los más necesitados con sus programas de focalización y asistencia social. En el ámbito territorial se aplicó esta misma lógica, vale decir, los territorios y sectores rezagados serían apoyados focalizadamente (selectivamente) con medidas de subsidiariedad y planes especiales.
A fines de 1973, la creación de la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA) marcó el primer hito de este periodo en materia de descentralización. Este organismo se creó bajo la convicción de que era necesaria una mejor integración económica y social del territorio nacional y un nuevo ordenamiento político-administrativo del Estado. Con esta innovación institucional se buscaba dar un sentido definido al concepto de regionalización para, de esa forma, racionalizar, utilizar y optimizar los recursos naturales y las potencialidades geográficas, humanas y culturales que cada región poseía.
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La CONARA fue una entidad pública intersectorial de carácter centralizado que pensó la descentralización desde arriba hacia abajo. El acento autoritario del contexto político indudablemente se cristalizó en esta entidad que propuso cambios políticos-administrativos para el país sin mediar procesos participativos o democráticos. Tempranamente, la CONARA modificó la antigua división político-administrativa del país, continuando y profundizando el esquema regionalista. En este escenario, Tarapacá se convirtió tácitamente en una región piloto para el nuevo esquema territorial de desarrollo económico impulsado por el gobierno militar. La aventura de Tarapacá en la historia de la puesta en escena del modelo neoliberal fue tan temprana como la institucionalización de las transformaciones en el ordenamiento territorial del Estado que impulsó el régimen militar (CONARA, 1974 y 1975).
Si bien ya en 1974 la CONARA comenzó a materializar el proceso de regionalización mediante la dictación legal del nuevo ordenamiento, no será sino hasta la Constitución de 1980 cuando el nuevo esquema descentralizador quede instituido en la estructura del Estado chileno. Si bien las reformas político-administrativas impulsadas desde los años setenta continuaron reafirmando el espíritu unitario del Estado, incorporaron fehacientemente un carácter descentralizado y regionalista. Así, se pasó de un régimen de provincias a uno de regiones como unidad espacial subnacional más amplia, seguido de provincias y comunas. Chile, en este contexto, quedó dividido en 12 regiones y un área metropolitana donde Santiago actuaba como capital regional y nacional (Sánchez y Morales, 2000). Dentro de este nuevo arquetipo institucional, los intendentes subsistieron como cabecera política y representantes del Presidente de la República en cada región, respondiendo a la confianza política exclusiva de este último. Por su parte, los gobernadores fueron concebidos como representantes del presidente de la república en las provincias, con funciones de apoyo a la gobernanza y el mantenimiento del orden social. Asimismo, los alcaldes fueron designados directamente por el Presidente de la República, completándose un esquema de “ocupación” del aparato público decidido y designado desde el nivel central.51
En medio de la estampa autoritaria y ultra-liberal de la época, la regionalización buscaba contribuir a la transformación del aparato productivo y a idear una nueva definición económica, política y administrativa del territorio.
Más que un reordenamiento territorial, las políticas de descentralización del
51 Además se instituyeron los Consejos de Desarrollo que estuvieron definidos por una participación social „condicionada‟ y poco representativa de los heterogéneos asuntos comunitarios. En la práctica y dado el tenor autoritario en el manejo de los asuntos políticos y públicos, muchos de estos consejos ni siquiera funcionaron.
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gobierno militar impulsaron en una primera etapa, una desconcentración de servicios ministeriales. La creación de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y, paralelamente, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), le otorgó sustento estratégico y económico al proceso descentralizador. Como acertadamente señalaba Serrano (1996),
“estos primeros años constituyen un período abocado a la organización de la administración interior del Estado tendiendo hacia su desconcentración. La descentralización militar de 1975 tuvo también que ver con la apertura de ciertas oficinas regionales de los Ministerios Nacionales a las que se hizo operar con escasos grados de libertad mientras que las decisiones importantes eran manejadas desde el nivel central. Se trata de una descentralización más bien operativa y referida a ejecutar planes, es decir, una desconcentración administrativa que no constituyó traspaso de atribuciones decisorias. A fines de los 70 las decisiones estaban en manos, no sólo del nivel central, sino propiamente de la autoridad militar” (Serrano, 1996: 32).
Como ha sido anotado en reiteradas ocasiones, para que, en la práctica, un modelo regionalista funcione no se requiere simplemente transformar el marco regulatorio o dictar nuevas políticas que apunten a esa dirección. Eso es lo que justamente sucedió en Chile con las reformas político-administrativas de los años setenta y principios de los ochenta. La ausencia de identidades regionales en el país favoreció la ‘artificialización’ del proceso descentralizador. De hecho, la definición del territorio regional a partir de las condiciones naturales y proyecciones económicas del mismo (elementos realzados por la CORFO y mesurados por ODEPLAN) tendió a concebir el regionalismo como un proceso abstracto carente de lazos históricos, sociales y culturales.52 En consecuencia, dichas políticas no iban necesariamente en contra de las tendencias de centralización del poder político.
La regionalización fue también concebida como una condición para el desarrollo y un potente discurso que apelaba a la “democracia protegida” y los ideales de integración económica y social (Aylwin, 1985; Fernández, 1985;
Balbontín, 1985; Garretón, Garretón y Garretón, 1998; Bitar, 2001). En gran medida, el régimen autoritario se nutrió de la planificación centralizada con ciertos retoques de desconcentración que funcionaron como un ‘traje a la medida’ para los cambios económicos y sociales que se discurrieron. Distintos historiadores coinciden en que el proceso de descentralización del Estado en Chile y el modelo regionalista impulsado fueron parciales y de aplicación limitada (Gleisner, 1990; Boisier, 1992; De Mattos, 1990; Núñez, 1989; Franco,
52 De ahí, por ejemplo, la demanda de los tocopillanos por formar parte de la región de Tarapacá y no de la Región de Antofagasta.
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2006; Centrálogo, 2007). Estos procesos de cambio institucional no generaron de manera instantánea resultados positivos. Por el contrario, el discurso descentralista se utilizó como una herramienta para validar los cambios, ocultar los desbalances económicos, el perfil autoritario del gobierno militar y las brechas sociales que se generaron a partir de la abrupta introducción de políticas neoliberales. La regionalización se transformaba, en este sentido, en un ‘medio para’ y no en un fin en sí mismo.
Para los neoliberales, la descentralización del control de la economía era considerada un asunto tan importante como el monetarismo. No obstante, en la práctica chocaba con el centralismo político y los rasgos autoritarios del régimen que cruzaron transversalmente al Estado. El neoliberalismo y el principio de participación subsidiaria del Estado afectaron ostensiblemente la composición del gasto social y la orientación de los servicios sociales. Si bien dentro de las medidas de ajuste fiscal el asistencialismo social adquirió un papel fastuoso en el combate de la pobreza, "el resto del gasto presenta decrementos importantes, destacando el bajo financiamiento al desarrollo regional” (Olave, 2003: 134). Entonces, siguiendo a Olave, la construcción social de las regiones fue un proceso parcelado pensado desde de la elite capitalina y con una base institucional y financiera restringida. Se avanzó considerablemente en aspectos relativos a la descentralización administrativa e inclusive del gasto fiscal (a través del FNDR), mientras que la descentralización política fue la gran ausente. En otras palabras, el centralismo aún contaba con espacios y enclaves para su subsistencia.
Como fue señalado precedentemente, los intendentes, así como las autoridades provinciales y comunales quedaron sujetos a la confianza del Presidente de la República, sin canales de representación democrática ni espacios de participación sociopolíticas reales para las comunidades (no se votaban o elegían popularmente). Más que una realidad sociológica, la regionalización se basó en una serie de cambios político-administrativos que indudablemente no lograron ser suficientes para crear una “cultura regionalista”. En muchos casos, la cultura regionalista se redujo a las manifestaciones anti-centralistas y la construcción del sentido de defensa del territorio local.
Apenas iniciada la década de los ochenta y junto con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de Chile (1980), los ajustes e innovaciones realizadas al modelo regionalista apuntaron al proceso de municipalización de políticas sociales que analizaremos más en detalle dentro de la sección 2.1.3.
Baste por el momento anotar que la crisis económica que detonó el año 1982 generó un escenario poco favorable para la profundización del proceso de regionalización.De hecho, la descentralización por la vía municipal fue, en
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principio, profundamente cuestionada en varios sentidos, especialmente por las dificultades en eficiencia, equidad y calidad en provisión de servicios en campos tan sensibles como la educación escolar y la salud pública que fueron tocados por los conflictos laborales desatados, especialmente, con los empleados públicos (ANEF), el magisterio y los gremios de la salud primaria (Pozo, 1981; Schiefelbein y Apablaza, 1984; Larrañaga, 1997; Delamaza, 2004).
Así, el proceso de descentralización del Estado se presentó como una política reformista con basamento en un discurso modernizador que buscaba desideologizar el debate y mostrar el interés del gobierno militar por atender las demandas ciudadanas (Boisier, 2005; Rodríguez y Winchester, 2001; De Mattos, 1995). Esta política se convirtió en una columna comunicacional relevante que intentaba mostrar un Estado “más cercano” a la gente y sus necesidades. Además, se mostraba como un esquema congruente con la apertura e internacionalización económica. En definitiva, la regionalización aportó en una nueva organización territorial del Estado pero presentó innumerables vacíos y restricciones que fueron propias de un proceso de cambio estructural complejo y sin precedentes.
En general, la atención del gobierno militar estuvo puesta en los aspectos macroeconómicos, donde los desequilibrios territoriales eran tratados como un problema de geopolítica que serían subsanados virtualmente por la ‘mano invisible del mercado’. Como vimos en el capítulo alusivo al debate teórico, las políticas públicas pueden inclusive transformarse en instrumentos que pueden terminar por generar o reproducir (no sólo subsanar) ciertas inequidades sociales. Como veremos en la siguiente sección, esto fue lo que sucedió con la región de Tarapacá al momento de derribarse el modelo sustitutivo de importaciones (concretamente, el Puerto Libre y la Junta de Adelanto de Arica) para luego, con la consternación de los ariqueños, instalar una Zona Franca en Iquique ad hoc con el modelo neoliberal que se ponía en escena.53
53 La Zona Franca de Iquique (ZOFRI) se instauró el año 1975 como una zona especial con un régimen de exención aduanera para fomentar las importaciones y exportaciones, esto último a través de reexpediciones para los países latinoamericanos, especialmente Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina.
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2.3.2 Geopolítica y mercado en el desarrollo territorial de regiones extremo-fronterizas
La perspectiva geopolítica tuvo una enorme influencia en las relaciones que el gobierno militar estableció con la Región de Tarapacá.54 No podía ser de otra forma considerando que Augusto Pinochet había sido, antes del golpe militar, intendente de la provincia de Tarapacá y comandante en jefe de la sexta división del ejército. Pinochet conocía perfectamente la zona, la historia del movimiento obrero y los orígenes del Partido Comunista. Junto con esto, la condición bifronteriza y los fantasmas de la Guerra del Pacífico eran razones suficientes para que la provincia de Tarapacá revistiera un especial interés para la junta militar y para el propio Pinochet.55 Estos antecedentes ayudan a entender las decisiones que tomó la junta militar al determinar la supresión del Puerto Libre y la Junta de Adelanto en Arica y la instalación de un régimen franco en Iquique (ZOFRI). Pero, ¿qué consecuencias trajo esta decisión en el desarrollo regional?
Más allá de las preferencias subjetivas que pueda haber tenido Pinochet con Iquique, la combinación entre neoliberalismo económico, autoritarismo político y perspectiva geopolítica castrense marcaron las políticas de descentralización y desarrollo regional, así como las relaciones Estado, sociedad y territorio. La decisión de suprimir el Puerto Libre y la Junta de Adelanto estuvo fundada en la decisión de borrar todo vestigio de presencia del Estado en la economía, cuestión que significaba, para los neoliberales, “generación de imperfecciones”.
La cercanía de Arica con Perú era también un asunto que revestía riesgos ante un eventual conflicto bélico. Recordemos que Arica se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con Perú, mientras que Iquique a más de 350 kilómetros de distancia, situación que pesó indudablemente a la hora de impulsar estas medidas.
En este periodo, las medidas de desarrollo para las zonas extremas del país tuvieron un carácter excluyente y focalizado, cuestión que contribuyó a la formación de inequidades intrarregionales. La ideología de la seguridad interior del Estado se plasmó de manera particular en las decisiones y relaciones que estableció en nivel central con el nivel regional y los niveles locales,
54 Región bi-fronteriza que quedaría conformada (según los decretos leyes Nº 2.867 y 2.868 de 1979, ratificados en la carta magna de 1980) por tres provincias (Iquique como capital regional, Arica y Parinacota) y nueve comunas (Iquique, Arica, Pozo Almonte, Huara, Pica, Camiña, Colchane, Putre, Camarones).
55 Una definición del concepto de geopolítica lo provee el propio Pinochet en su libro Geopolítica (1974).
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especialmente en la región de Tarapacá por su condición de zona extremo-fronteriza. Entre los desafíos geopolíticos definidos entre los años 1976 y 1977 por ORPLAN-Tarapacá (la versión regional de ODEPLAN), por ejemplo, estaban:
el resguardo de la soberanía territorial de Tarapacá por los asuntos de seguridad nacional; la consolidación del proceso de chilenización y el reforzamiento de los valores e identidades patrias en el territorio; la generación de incentivos para la atracción de población y; por último, la re-calibración y armonización los desequilibrios que se desprenderían de las relaciones metrópoli-periferia.
Las medidas pensadas para el desarrollo de zonas extremas y fronterizas fueron, por lo general, sensibles a las complejas relaciones internacionales que Chile mantenía con los países vecinos. Las controversias suscitadas entre Chile y Argentina por el Canal de Beagle (1978), así como las permanentes tensiones limítrofes Chile-Bolivia (especialmente por la demanda marítima y las controversias por las aguas del Río Silala) y Chile-Perú (particularmente por límites marítimos y terrestres), influyeron decisivamente en la concepción geopolítica de frontera que el gobierno militar definía en ese momento (Jerez, 1983). Estos hechos conllevaron a mejoras sustantivas de la infraestructura militar en la región de Tarapacá.56 A pesar de que este ambiente fue poco favorable para las relaciones diplomáticas, se restablecieron rápidamente los vínculos comerciales que Chile mantenía con las naciones vecinas. Lo anterior reforzó la decisión de mantener una zona franca situada en Iquique, bajo un Estado de sitio que combinaba el discurso de la amenaza del enemigo interno con la amenaza del enemigo externo que se construía sobre la base de la connotación de Chile como “mal vecino” (Rojas, 1988; Benadava, 1993; Gill, 2005; Garcés y Nicholls, 2005; Salazar, 2006).
En este controversial ambiente, se continuaron desplegando con firmeza políticas económicas neoliberales que provocaron una fuerte fractura entre Arica e Iquique. Como fue señalado anteriormente, con los decretos que finalizaron con las actividades del Puerto Libre y la Junta de Adelanto, Arica quedó sin instrumentos de desarrollo y sumida en la necesidad de adecuarse a
56 Entre otras iniciativas se destacan: la construcción de un nuevo acceso carretero a la ciudad de Iquique; la aceleración de las obras de pavimentación del tramo de la carretera que unió Iquique y Tocopilla; la instalación de regimientos en la Provincia de Parinacota (Huamachuco); la instalación de la empresa Cardoen (especializada en la fabricación de insumos militares); la creación de la Cuarta Zona Naval, en remplazo de debilitado destacamento Lynch; el traslado del Fuerte Baquedano a la pampa del Tamarugal y la construcción de pistas de aterrizaje en la frontera con Bolivia. A esto hay que agregar la política de minado en la frontera con Perú y Bolivia.
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los cambios socioinstitucionales que imponía el nuevo modelo de desarrollo.
Iquique, por el contrario, se transformó en la versión territorial del
“experimento neoliberal” impulsado por el régimen militar y los Chicago Boys.57 Iquique se vislumbró como uno de los correlatos territoriales del
“milagro chileno” (Arellano y Cortázar, 1982), aunque con profundas grietas en el desarrollo intrarregional y social. Tempranamente, el comercio internacional de ZOFRI, junto con la pesquería industrial, se consolidaron como pilares del crecimiento económico. Mientras tanto, Arica permanecía sumida en una profunda recesión de la cual todavía no ha logrado salir, pese a los diferentes intentos de reactivación impulsados durante los últimos años por el Estado chileno. Así, mientras la región de Tarapacá se abría al comercio internacional la elite central hacía un cierre de las relaciones transfronteriza alegando vulnerabilidad y riesgo a la seguridad nacional.
Así, mientras Iquique se pensó como un polo de desarrollo, Arica pasó a formar parte de un ‘polo de segregación intrarregional’. Como bien señalaba Sergio González (1985), la Zona Franca de Iquique comenzó como un enclave comercial que generó dinamismo en la economía local, pero no logó convertirse (esto fuera del análisis que hace González) en un polo de desarrollo regional que produjera convergencias en el desarrollo económico local de las principales urbes y localidades rurales de la región.
El crecimiento de ZOFRI estuvo fuertemente influenciado por la economía nacional e internacional, especialmente de Paraguay, Bolivia y Perú. La presencia de ZOFRI significó cambios en los hábitos de consumo de la población regional. La posibilidad de que los habitantes de la región se eximieran del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA, 18%) para productos como electrodomésticos, automóviles, muebles y artículos varios significó ampliar el acceso al consumo y, a su vez, produjo una alteración en la fisonomía de la pobreza. Esta situación levantó un fuerte debate –que continúa vigente–
respecto de la capacidad que tienen los instrumentos de medición de la pobreza para captar estas sutilezas. 58 El hecho que las familias posean
57 De hecho Hernán Büchi (nacido en Iquique y con un fuerte vínculo con el norte grande de Chile) fue uno de Chicago Boys que llegó a ser Ministro Director de ODEPLAN (1983-1984), Ministro de Economía (1979-1980) y Ministro de Hacienda (1985-1989), ejerciendo una fuerte influencia sobre las decisiones de la junta militar de gobierno que estaban personalizadas en la figura del General Pinochet. Similar influencia también ejercieron Sergio de Castro, Rolf Lüders, Jaime Guzmán y Miguel Kast (este último fue Ministro Director de ODEPLAN en el periodo 1978-1980 y Ministro del Trabajo y Previsión Social en el periodo 1981-1982).
58 Instrumentos tales como la Ficha de Caracterización Social (Ficha CAS, aplicada a nivel comunal), la Encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (Encuesta CASEN,
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electrodomésticos o un automóvil, altera significativamente las ponderaciones y resultados de la medición. Si el puntaje obtenido en la medición llagase a superar los rangos estimados, las personas y familias pueden quedar fuera de los diversos beneficios que entrega el Estado (subsidios de vivienda, bonos de apoyo monetario, medicamentos gratuitos, entre otros). En consecuencia, entre la región de Tarapacá y las otras regiones del país existen diferencias notorias en el carácter de la pobreza y la manera cómo se vive y experimenta.
Desde el punto de vista del panorama socioterritorial que atañe a las comunidades rurales e indígenas, la concepción modernizante del desarrollo que manejaban los representantes de la línea dura de los Chicago Boys observaban los problemas el mundo indígena como una preocupación secundaria donde, más bien, regía la ideología nacionalista del “todos somos chilenos”.Con los militares en el poder, las estrategias de integración social de los grupos minoritarios fueron, en general, débiles y acotadas. Aquellos grupos, comunidades y territorios que no lograban insertarse en el circuito del sistema capitalista (especialmente campesinos, agricultores y pequeños productores) quedaban simplemente excluidos y postergados. El reconocimiento de la diversidad histórica, social y cultural de los territorios colisionaba con una visión homogeneizadora, chilenizante y jerárquica del mundo castrense.59 Así, la fractura socioterritorial que se generó con la implementación de políticas neoliberales en Tarapacá se hizo extensiva para el ámbito rural. A ello se suma la “loca” geografía, aislamiento y dispersión de poblados rurales en el norte grande del país, lo cual ha operado, históricamente, como una dificultad adicional que ha tendido a profundizar el rezago y aislamiento económico-social de las comunidades (Subercaseaux, 2005).
Aunque con un tono apocalíptico, los trabajos de Van Kessel desde fines de los años setenta han sido clarificadores respecto de las consecuencias de los esquemas económicos y políticos modernos sobre las comunidades rurales e indígenas del norte de Chile. Al respecto, Van Kessel señalaba:
“la explotación de Tarapacá fue la de una tierra conquistada y siguió el modelo del colonialismo clásico: organizando y ampliando indefinidamente una economía minera exportadora a gran escala y de tipo enclave, controlada por el centro chileno
aplicada a nivel nacional) y la Ficha de Protección Social (versión mejorada de la Ficha CAS).
59 Conocida es una de las frases célebres de Pinochet cuando el año 1979 señaló en Villarrica que en Chile “ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos”. Esto a propósito de la dictación del Decreto Ley 2568 de división de tierras en la zona sur del país.
Véase, por ejemplo: “La contra revolución de Pinochet al sur del Biobío”. The Clinic, Columnas y Entrevistas, 09 Septiembre de 2013.